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Las 10 preguntas más importantes sobre la propiedad beneficiosa para el cumplimiento de las normas AML/KYC

La necesidad de descubrir quién es el beneficiario real de clientes comerciales, socios, proveedores y otras relaciones comerciales es cada vez mayor. A lo largo del 2018 entraron en vigor muchas normas legales, como la Cuarta Directiva Contra el Blanqueo de Capitales(del inglés, “4th Anti-Money Laundering Directive”) enEuropa y la Norma Final para la Diligencia Debida de Cliente (del inglés, “Customer Due Diligence”, CDD)en los Estados Unidos.

¿Qué es la Propiedad Beneficiosa?

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (del inglés, “Financial Action Task Force”, FATF), “beneficiario efectivo se refiere a la(s) persona(s) natural(es) que en última instancia posee(n) o controla(n) a un cliente y/o a la persona natural en cuyo nombre se está llevando a cabo una transacción. También incluye a aquellas personas que ejercen el control efectivo sobre una persona jurídica o acuerdo legal”.

Es decir, las empresas necesitan saber con quién están haciendo negocios y saber quiénes son las personas o grupo de personas reales que poseen o controlan ese negocio.

A menudo, se hace referencia al beneficiario efectivo como UBO (del inglés, “Ultimate Beneficial Owner”), acrónimo de Beneficiario Efectivo Final.

¿Qué es la Diligencia Debida de Cliente (CDD)?

La Diligencia Debida de Cliente (del inglés, “Customer Due Diligence”, CDD)es un elemento crítico para gestionar eficazmente los riesgos de una organización y protegerla contra posibles delitos financieros y actividades maliciosas. Hay dos pasos fundamentales en la CDD, entender las actividades del cliente y evaluar el riesgo de blanqueo de capitales.

Cuando se incorpora un nuevo cliente o si las actividades de los clientes ya incorporados cambian significativamente, un análisis de la fuente de los fondos y del riesgo asociado con esos fondos es un requisito prudente y, en la mayoría de los países, un requisito legal.

¿Qué es KYC?

Conozca a su cliente (del inglés, “Know Your Customer”, KYC)es un requisito legal para realizar comprobaciones de identidad y realizar la debida diligencia de cliente. Aunque las leyes de KYC cambian de un país a otro, el principio general consiste en recopilar suficiente información para identificar adecuadamente a un individuo y asegurar que sus actividades sean legítimas.

¿Qué es AML?

Anti-Blanqueo de Capitales (del inglés, “Anti-Money Laundering”, AML). Las leyes AML están diseñadas para prevenir que los fondos ilegales (ej. fondos obtenidos de delitos, corrupción y evasión de impuestos) entren al sistema financiero. A las instituciones financieras se les exige que cuenten con procedimientos establecidos (tales como KYC) para detectar clientes con alto riesgo, monitorear transacciones y reportar actividades sospechosas.

¿A quiénes aplican estas leyes?

Las Instituciones Financieras (del inglés, “Financial Institutions”, FIs)son el objetivo principal de estas leyes. Las FIs incluyen bancos comerciales, bancos de inversión, compañías de seguros y corredurías, así como otras organizaciones que tratan con dinero como las cooperativas de crédito, las empresas de transferencia de dinero, los servicios de pago y las compañías de juegos de azar.

Sin embargo, a medida que los blanqueadores de capitales han conseguido explotar otras posibilidades, el alcance de las leyes se ha ampliado para incluir otros tipos de empresas.

Cada jurisdicción tiene sus requisitos específicos, por lo que es necesario revisar las regulaciones locales para obtener el cumplimiento total de las reglas.

¿Cuándo entraron en vigor estas normas?

Aunque las leyes AML y KYC entraron en vigor hace años, las leyes sobre el beneficiario final son más recientes. En Europa, la Cuarta Directiva AML entró en vigor el 26 de junio de 2017 y contiene disposiciones sobre el beneficiario final.

En los EE.UU., la Norma Final de CDD de FinCEN, que también cubre el beneficiario final, entró en vigor el 11 de mayo de 2018.

¿Qué deben hacer las empresas?

Las organizaciones necesitan incorporar procedimientos y procesos para recopilar información sobre el beneficiario final. Al abrir cuentas bancarias, además de recopilar la información habitual (nombre de la empresa, lugar de la empresa, tipo de empresa, número de registro de la empresa), deberán obtener la identidad de todas las personas que tengan una posición de propiedad o control significativa en ella. Además, si hay un cambio significativo en la cuenta, deberán recopilar la información sobre el beneficiario final.

La información sobre el beneficiario final incluye:

  • Con respecto a la persona física que abre la cuenta: nombre y cargo;
  • Con respecto a la persona jurídica: nombre y dirección;
  • Con respecto a los beneficiarios finales:
  • Nombre (y título de la(s) persona(s) controladora(s));
  • Fecha de nacimiento;
  • Dirección;
  • Número de seguridad social, o número de pasaporte y país de emisión o número de identificación similar.

¿Cuáles son las consecuencias si no se toman las medidas adecuadas?

El incumplimiento puede generar grandes problemas, en los EE.UU., “los fiscales y abogados reguladores hacen cumplir vigorosamente las nuevas regulaciones como un medio para promover un cumplimiento cuidadoso”.

Específicamente, las sanciones en los Estados Unidos pueden ser de hasta treinta años de cárcel y/o multas de un millón de dólares:

Cualquiera que, a propósito, haga cualquier declaración o informe falso a cualquier institución cuyas cuentas estén aseguradas por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, ya sea una sucursal o agencia de un banco extranjero o un negocio de préstamos hipotecarios, sobre cualquier solicitud, avance, descuento, compra, acuerdo de compra o recompra, compromiso, préstamo, acuerdo de seguro, solicitud de seguro o garantía, o cualquier cambio o extensión de cualquiera de los mismos, por renovación, aplazamiento de la acción o por cualquier otro motivo, será multado con un máximo de 1.000.000 de dólares y/o encarcelado con un máximo de 30 años, siendo posible ambas cosas.

En Europa, las sanciones máximas son de 5 millones de euros o el 10 % de la facturación anual total de la organización.

¿Para qué otros reglamentos debemos prepararnos?

En Europa, durante el año 2018 entraron en vigor la MiFID II (Segunda Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros), la PSD2 (Segunda Directiva de Servicios de Pago) y el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos).

Se calcula que cada semana se crean 45 nuevos documentos normativos, por lo que, en efecto, siempre hay algo nuevo en el cumplimiento global.

¿Cómo se pueden reducir los costes, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento de estas normas?

La clave es utilizar, en la medida de lo posible, procesos digitales automatizados. El manejo de estos complejos procedimientos de cumplimiento a través de procesos lentos y manuales se convierten en un uso ineficiente de recursos valiosos, duplicación de esfuerzos y aumento de errores.

Los flujos de trabajo automatizados fortalecen y agregan valor a los procesos AML/KYC, mejoran las operaciones diarias de riesgo y reducen los costes, al mismo tiempo que mantienen el cumplimiento de las normas.

Fuente: Trulioo

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International Sales Manager
2019-03-15T09:57:03+01:0015 marzo, 2019|Otros Artículos, Pagos, Seguridad|